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Urbes de casas vacías y ciudadanos sin vivienda

En las sociedades contemporáneas, la libertad y la igualdad tienden a la confrontación o a la complementariedad? ¿Se puede hablar del derecho a la ciudad en la etapa actual del capitalismo especulativo? ¿Es la ciudadanía un derecho de toda la comunidad? Sobre ello expuso Jordi Borja Sebastià cuando visitó Buenos Aires invitado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) para dictar la conferencia “Derechos sociales y el conflicto entre democracia y Estado de derecho”. “Para ser ciudadano necesitas derechos urbanos: acceso a la vivienda, a los transportes, a la seguridad, y derechos sociales como a la sanidad, a la cultura, a la protección social”, declara.

El debate sobre la libertad y la igualdad es tan antiguo como el nacimiento de las sociedades modernas, ¿en qué estado se encuentra esa relación?

En teoría la libertad y la igualdad deberían ser elementos complementarios, porque sin libertad no hay igualdad, pero sin igualdad tampoco hay libertad. Si hay muchas diferencias entre grupos sociales, los sectores más bajos tienen menos acceso a la información, a los transportes, a la cultura. Entonces cuanta más desigualdad, menos libertad. Esto da lugar a que la democracia liberal sea antidemocrática porque, en sociedades altamente desiguales como las de América Latina –pero también en las europeas–, hay amplios sectores de la población que están fuera del sistema político representativo en la práctica. Entonces los derechos que están en las Constituciones no son reales, porque no son efectivos. Por ejemplo, las Constituciones dicen que todo el mundo tiene derecho al trabajo, a un ingreso económico digno, a la vivienda, a la educación y a la salud pero hay sectores importantes de la población que no los tienen.

¿Se podría decir entonces que la puesta en práctica del concepto de ciudadanía es un patrimonio de las clases altas y medias?

Toda la sociedad tiene un déficit de democracia, lo que ocurre es que unos tienen más cuota de democracia que otros. Por ejemplo, los sectores altos o incluso medios que se recluyen en barrios cerrados, en calles cerradas o en mansiones, tienen un déficit también de libertad porque están obsesionados por la seguridad, incluso más los sectores medios que los altos, que ya tienen un circuito organizado que los protege. Es evidente que los sectores populares y los sectores medios bajos están más limitados, y cuando su nivel de ingresos baja en épocas de crisis, como está pasando en esta última década, aparece el escándalo de que los derechos son ficticios. Por otra parte, las sociedades evolucionan, y derechos que no eran imprescindibles antes lo son ahora. Cuando los bienes básicos dependen del mercado, aumentan las necesidades básicas.

Entonces, ¿cómo es posible asegurar el derecho a la ciudad en el capitalismo especulativo?

El derecho a la ciudad es un concepto que se ha arraigado muy fuerte desde los 90, y que viene a decir que para ser ciudadano necesitas derechos de carácter urbano: acceso a la vivienda, a los transportes, al espacio público, a la seguridad, y derechos sociales como a la sanidad, a la cultura, a la protección social, así como derechos políticos a través de los que se pueda incidir en las decisiones sobre las condiciones de vida. Vivimos en sociedades que son 90% urbanas y estos derechos son muy interdependientes: si no puedes pagarte el transporte o necesitas dos horas para movilizarte, estás muy fuera de juego. Pero si no tienes vivienda estás aún más excluido. Si tienes vivienda y acceso al transporte, pero no tienes trabajo, acabarás con que no puedes pagar ni la vivienda ni el transporte. Por lo cual se requieren políticas integrales e integradas, cosa que no ocurre porque hay políticas de vivienda por un lado, políticas de transporte por el otro y en todo caso gran parte de estas políticas son muy insuficientes porque el mercado domina gran parte de estas cuestiones. Hay bienes y servicios, como la vivienda, la salud, la enseñanza, que no pueden depender del mercado.

Es contradictorio con el propio funcionamiento del capitalismo: si hay desocupación no hay consumo y si no hay consumo no hay producción…

El problema es que una cosa es el capitalismo como sistema y otra, los capitalistas como actores. Es evidente que para el sistema capitalista, en teoría, sería lógico que estos bienes que todo el mundo necesita estuvieran garantizados y no dependieran del lucro inmediato, pero concretamente los capitalistas, sean accionistas de bancos o inversores en bienes o servicios, tienen su interés en magnificar su beneficio. Es aberrante que el suelo sea objeto de especulación pero el que tiene ese suelo tiene el interés de especular: espera a que sea potencialmente urbanizable y que se dispare el precio. El suelo no tendría que tener valor, o tener valor rústico. Hay países en los que es así, como Holanda. Pero a los inversores no les preocupa que haya viviendas vacías y gente sin vivienda.

En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay 350 mil viviendas vacías, mientras que medio millón de habitantes están en riesgo habitacional.

Pasa en España, con dos millones de personas que han sido desahuciadas: donde antes vivía una familia, ahora viven padres, hijos, abuelos, primos, cuñados.

Y en relación con la situación de los migrantes en Europa, ¿hay políticas estatales para recibirlos?

El flujo que ha llegado recientemente es muy excepcional y no sabemos bien cómo se resolverá. La mayoría de ellos está en campos de refugiados; a otros los están devolviendo a sus países de origen. La inmensa mayoría está –como antes decían los católicos– en el limbo, es decir que no están ni en el infierno ni en el cielo, suponiendo que el cielo fuera instalarse en países como Francia, Alemania o Inglaterra. Lo peor que puede pasar es que los europeos, con mucha crueldad, paguen a países intermedios para que tengan campos de refugiados. Esto ya pasa en algunos países africanos, como en Etiopía, donde la mayor partida del presupuesto es otorgado por las Naciones Unidas para que tengan refugiados. Hay gente que lleva 20 años viviendo en estos campos.

Hasta el ser humano es una mercancía, ¿qué respuesta puede dar la llamada arquitectura social o las cooperativas de la sociedad civil?

Creo que lo primero es controlar el suelo. Hay que distinguir la propiedad del suelo del uso que se hace sobre él. Esta idea de que el capital del suelo lo es desde el centro de la Tierra hasta el cielo, no tiene ningún sentido, y por lo tanto hay que regular la especulación urbana porque es una total inadecuación entre la demanda social y la oferta lucrativa. Hay que revisar la legislación existente. La segunda cuestión es que hay que compactar las ciudades, densificarlas o crear sistemas de ciudades. Es indispensable para organizar la convivencia, porque la dispersión urbana es insostenible: genera más desigualdades pero también un despilfarro tremendo de recursos sociales, ambientales y económicos. En tercer lugar, la gestión pública tiene que promover formas de gestión social en los programas de viviendas, de equipamientos, de reanimación de los espacios públicos, lo que se ha podido llamar la ciudad colaborativa. Y finalmente se trata de crear instituciones cooperativas o públicas que sustituyan en gran parte al sistema financiero actual, que es un sistema globalizado pero que aterriza a niveles muy locales. El control público del sistema financiero no se basa en que haya más transparencia, porque es muy difícil de controlar, sino en sustituirlo en gran parte por sistemas financieros locales, de carácter social, cívico y público.

Por: Inés Hayes para Revista Ñ