Notas de interés
Derechos Humanos regidos por el capital
23 | marzo | 2017
En el siglo XX la “Guerra Fría” marcó las relaciones internacionales. Incidió en ámbitos como la política exterior, programas de ayuda y cooperación económica, intercambios culturales y comerciales, así como en las políticas nacionales de los países.
En América Latina, Estados Unidos realizó una fuerte intervención. Bajo la bandera del anticomunismo frenó cualquier intento de cambio social o político. En no pocas ocasiones, gobiernos elegidos democráticamente fueron derrocados para posicionar a dictaduras militares, con las nefastas consecuencias, en materia de derechos humanos, que todos conocemos.
Actualmente, la lucha por la hegemonía se trasladó al campo de la producción, el comercio y la tecnología, donde América Latina presenta importantes limitantes. Una de las principales es la pobreza, donde el promedio de ingreso per cápita en nuestra región no alcanza los trescientos dólares. Una abismal diferencia con los países desarrollados, donde la cifra se eleva hasta alrededor de tres mil dólares.
Hay datos aún más desalentadores. En comparación a cifras de comienzos de la década de 1980, existen 4 millones más de analfabetos, 12 millones más de familias sin casa y 70 millones más de personas sin acceso a la alimentación. La cifra de desempleo es de 50 millones, sin olvidar que se impuso un sistema productivo que subemplea al 40% de la población económicamente activa.
La violencia del narcotráfico es un criminal negocio, que moviliza millones de dólares y corrompe las bases del sistema democrático para garantizar la impunidad de sus operaciones. La gran mayoría de los países de América Latina ocupa un rol en la cadena de este delito
El fenómeno de la migración enfrenta una importante crisis. Bajo el disfraz de incrementar las políticas de seguridad nacional, algunos Estados de la región imponen excesivos controles que dificultan el desplazamiento. Algo que se acrecentó desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Su “retórica del odio” ha calado en gobiernos como Argentina, donde un decreto presidencial endureció las políticas de acogida.
La pobreza, la desigualdad, la violencia y la discriminación son enemigos para la dignidad de las personas. Es necesario diseñar modelos de sociedad que se desarrollen sobre bases justas, que garanticen el acceso a la democracia y, por sobre todo, el respeto a los derechos humanos.
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