Internacionales
La mano (in)visible de la Dictadura chilena
11 | septiembre | 2016
Por Gabriel Pinto Montero
El 11 de septiembre se cumplieron 43 años del Golpe Cívico-Militar perpetrado en Chile contra el gobierno constitucional de Salvador Allende y, contrariamente a lo que se pudiera pensar, la condena hacia la Dictadura no es universal en la sociedad del vecino país.
Según los datos arrojados por la encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC-MORI), alrededor del 15 por ciento de los habitantes del Estado trasandino aún avala la interrupción del sistema democrático por parte de las Fuerzas Armadas, pese a que son más de 40 mil las víctimas del período de represión y muerte, que se extendió por casi 17 años.
La política de la vergüenza
Tras la caída de Salvador Allende, se instauró en Chile un oscuro panorama que lo transformó en un laboratorio experimental de salvaje capitalismo, además de posicionarse como “modelo” para la instauración de dictaduras en otros puntos del Cono Sur, bajo el eufemismo de “seguridad nacional”.
La interrupción del proyecto político encabezado por la Unidad Popular no puede desglosarse solo en las frías letras de los libros de historia. Es una profunda herida que marcó a la sociedad chilena y donde el pensar distinto al accionar castrense fue castigado con fuego, sangre y muerte.
El resultado de los años de Dictadura fue la erradicación de la lucha de clases y la modificación en las formas de relación social. Algo amparado por una Constitución Política diseñada en tiempos de muerte y que coarta cualquier atisbo de reivindicación. Una Carta Magna que aseguró la cuota de poder para quienes formaron parte del periodo más oscuro de la historia reciente chilena.
Si bien el 11 de marzo de 1990 terminó, formalmente, la Dictadura Cívico-Militar, sus resabios siguen visibles. Sorprende la naturalidad pasmosa con la que cada gobierno democrático reciente avala un sistema económico de libre mercado y sin ninguna cuota de regulación. Un sello más de la desfachatez que impusieron Pinochet y sus secuaces.
La concesión para volver a la vida democrática trajo otras graves consecuencias. Chile pasó a tener un sistema político opresor, donde las demandas sociales, como el derecho a una educación de carácter público y gratuito, están lejos de garantizarse. Una pesada herencia que hace caso omiso a la profunda desigualdad social presente en el país.
Pese a que gran parte de lo impuesto por las fuerzas represoras se encuentra en plena vigencia, hay sectores que siguen luchando, sin temor de ocupar los espacios públicos para visibilizar sus demandas. Sin embargo, mientras el mapuche siga perseguido o se incentive el afán de lucro en la educación, la tarea se hace más compleja.
En nuestra Patria Grande Latinoamericana, el legado de Allende marca presencia, a más de cuatro décadas del abrupto fin de la «Vía democrática hacia el socialismo». Un capítulo donde Chile exhibió determinación para progresar por otras sendas, distintas a la explotación actual que forma parte de su cotidiano.
