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Muchos. Lamentablemente hay miles de trabajadores que en estos meses se están enfrentando no sólo a las condiciones precarias de contratación, condiciones precarias salariales, aumentos por inflación -lo cual repercute directamente en el salario real-; sino que muchísimos trabajadores, en estos meses, han perdido su fuente de trabajo o se enfrentan a temores certeros de perderlos.

En cuanto a lo numérico, uno puede referirse a los relevamientos que hicimos en en Observatorio del Derecho Social: entre diciembre y fines de febrero relevamos casi 70 mil despidos entre el sector público y privado. Pero se trata de un número de mínima. Porque la cantidad de pérdida de puestos de trabajo en términos generales sólo puede ser relevada por el INDEC. No hay organismo privado, ni consultora, ni centro de estudios que pueda hacer un estudio certero de la evolución del mercado de trabajo, a no ser por los institutos oficiales de estadísticas. Como el INDEC todavía no ha publicado cifras, por lo cual no sabemos cuál es la cantidad de trabajadores que ha sido afectada por esta ola de despidos que ya se venía viendo a finales del 2015, pero que sin dudas recibió un empuje importante de parte del gobierno nacional y provinciales.

Esta cifra no incluye el despido por goteo: es decir, aquellos despidos que se producen en pequeños establecimientos o comercios, que no tenemos forma de relevarlos si no es a través de encuestas que realizan los organismos públicos.

Y tampoco incluye los contratos que se terminaron el 31 de marzo, la semana pasada.

No, esos no están incluidos en esa cifra porque el último relevamiento está actualizado al 4 de marzo. No entran ni los despidos que se produjeron entre el jueves y viernes por la falta de renovación de muchos contratos de planta transitoria en el Estado Nacional, ni tampoco un montón que se produjeron en algunas actividades que fueron particularmente afectadas, como por ejemplo en la construcción. Las denuncias genéricas no las consideramos en el relevamiento -con esto no quiero decir que no ocurrieron- pero en nuestro trabajo sólo incluimos denuncias puntuales. Por eso digo que son números de mínima, porque también hay algunos sectores a los que no accedemos a fuentes de información, o los despidos de estos días.

¿En qué condiciones queda un trabajador que tenía una planta transitoria hasta el 31 y ahora no puede ingresar a trabajar?

Lamentablemente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en materia de contrataciones en el sector público es muy restrictiva. Hubo algunos fallos dictados en los últimos años que incluso son más restrictivos para los derechos de los trabajadores del sector público, que la jurisprudencia que tenía la Corte del Menemismo de los ´90. En esto hay que ser claros: la jurisprudencia lamentablemente dice que si el Estado cumplió con todas las reglas previstas para la utilización de esa figura contractual, ese trabajador no tiene derecho a reclamar ni siquiera por una indemnización, y mucho menos a reclamar por estabilidad en el empleo. En el caso que pueda alegarse una situación de fraude o de violación de alguna norma de contratación, sí podría realizarse algún tipo de reclamo. Obviamente queda la acción sindical, que es la primera vía, que no busca la reparación económica sino la conservación del empleo: renovación del contrato y la demanda de fondo histórica, que tiene que ver con la realización de concursos, la efectivización, el pase a planta permanente. Que son obligaciones del Estado desde hace muchísimo tiempo y altamente incumplida. Si hay un aspecto en que se ve una continuidad entre la anterior gestión y la actual, es en las condiciones de precarización laboral que padecen los trabajadores del sector público.

Que son justamente las que facilitan los despidos.

Sin dudas. Lamentablemente los funcionarios actuales en muchos casos se limitan a cumplir la Ley. Hay un contrato, que tiene una fecha de vencimiento. No hay ninguna norma que los obligue formalmente a cumplir ese contrato y lo único que hacen es no renovarlo. No están violando ninguna norma. El nivel de generalización de precarización contractual que existió en el sector público los últimos años le dejó las cosas servidas en bandeja a funcionarios que llegaron y decidieron recortar dependencias enteras, dejar programas sin funcionamiento, recortar la cantidad de trabajadores cual si fuera una empresa privada, etcétera.

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