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Uruguay también dictó un decreto antipiquetes

El Poder Ejecutivo emitió este martes un decreto que establece que el Ministerio del Interior deberá liberar las calles, rutas o caminos que sean ocupados por manifestantes.

Explica que la Policía podrá ahora actuar de forma directa, sin esperar el fallo de la Justicia e incluso podrá solicitar el apoyo de otros organismos públicos para cumplir la tarea. No obstante, se deberá informar las actuaciones a la Justicia de forma inmediata.

Ante esto, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala manifestó a Telenoche que desde la central estarán “muy atentos” para que la aplicación del decreto “no vaya en desmedro de las libertades sindicales”.

Más allá de esto, el dirigente reconoció que el decreto “no agrega nada a la normativa vigente” y que hace una “salvaguardia a las libertades de manifestación, asociación y libertad sindical”, y “particularmente al derecho de huelga”.

Rechazo

En ese contexto, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) rechazó, a través de un comunicado, la aprobación del decreto.
El texto dice que “nos parece inadecuada la aprobación del decreto aprobado recientemente por el Poder Ejecutivo que proporciona aún mayor discrecionalidad a la agencia policial para desactivar cualquier protesta social sin necesidad de tener el aval del Poder Judicial para hacerlo”.

Además añade que “sin un marco de intervención definido desde un enfoque garantista cualquier protesta se convertirá en un campo de vulneración continua de derechos, donde los dispositivos estatales podrán desarrollar prácticas que no se ajustan a los marcos internacionales”.

Garantías

Por su parte, Patricia Rodríguez, dirigente del Sindicato Policial adelantó que se reunirán con el equipo jurídico para asegurarse que “estén dadas todas las garantías para los funcionarios”.

Agregó que “a la Policía se le dificulta actuar allí. El funcionario es el que queda en tela de juicio y queremos el garante de que ese decreto se cumpla”.

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