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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa no halló una sola evidencia para asegurar que en el basurero de Cocula, Guerrero, fueron ejecutados e incinerados los 43 estudiantes de esa normal rural, desaparecidos desde septiembre de 2014. Por el contrario, tras un año y un mes de trabajo confirmó su conclusión –a la que llegó hace siete meses– de que en ese tiradero no existió incineración de estos cuerpos.

Al presentar ayer su informe final sobre el caso –de 608 páginas–, los expertos aseguraron que las autoridades no han seguido líneas de investigación claves, se ha manipulado evidencia, obstruido y rechazado diligencias, protegido a oficiales que habrían participado en la desaparición, y torturado a presuntos sospechosos para obtener confesiones que respalden la versión gubernamental. Subrayaron que el sistema de justicia mexicano sólo investiga y castiga a los autores materiales del delito, pero es omiso con los intelectuales. La investigación a la cadena de mando no existe.

Con este reporte, los expertos cierran sus trabajos en México (el 30 de abril concluyen su labor), después que el gobierno federal negó prorrogar su mandato. Lamentaron que el principal objetivo del GIEI –la ubicación de los normalistas– no se haya concretado.

Un elemento clave para las investigaciones, dijeron, era obtener de manera directa el testimonio de los militares que estuvieron presentes en varias de la escenas de los hechos violentos en Iguala, lo cual fue reiteradamente rechazado por la administración de Enrique Peña Nieto.

Los soldados –señalaron– incluso tuvieron conocimiento de las golpizas y detenciones de los normalistas, pero no tomaron ninguna medida para protegerlos. Otro hecho a destacar es que familiares de los jugadores del equipo Los Avispones solicitaron directamente ayuda al 27 batallón de infantería, donde les contestaron que no podían brindar auxilio porque no es nuestra jurisdicción.

Los expertos concluyeron que existe certeza de que en el ataque contra los normalistas hubo perfecta coordinación durante más de 10 horas entre diferentes corporaciones policiacas y presuntos integrantes del crimen organizado, con la finalidad de crear un círculo de control que abarcaba hasta 80 kilómetros, para evitar la salida de los autobuses (tomados por los estudiantes) de Iguala.

En contraparte, diversas policías, entre ellas la federal, habrían dejado pasar el llamado quinto autobús (que de acuerdo con la hipótesis del GIEI es clave para la investigación, ya que podría estar relacionado con el trasiego de estupefacientes de Iguala a Chicago, Estados Unidos). Esta unidad, agregaron, ni siquiera se había incorporado al expediente inicial del caso.

Ángela Buitrago enfatizó: Se trató de un ataque masivo e indiscriminado contra población civil, sin que hasta el momento exista alguna explicación de la PGR. El quinto autobús es una hipótesis investigativa que podría justificar un ataque de esa intensidad. Esa línea no está ni puede estar cerrada.

En medio de gran expectativa por conocer el contenido del reporte titulado Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, decenas de personas, entre ellas familiares de las víctimas, defensores de derechos humanos, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, políticos e intelectuales, se dieron cita en el patio principal de la Universidad Claustro de Sor Juana.

Ausencias oficiales

Quedaron vacíos los lugares destinados a los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa; de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz, y el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Betanzos, pese a estar invitados. El argumento para esa ausencia fue que deseaban conocer el informe antes de su presentación, pero éste fue concluido a las 22 horas del sábado, por lo que fue imposible hacérselos llegar.

La verdad histórica, abajo

En una larga presentación y posterior conferencia de prensa, que se prolongaron casi cuatro horas, los expertos delinearon algunos elementos para echar abajo, una vez más, la llamada verdad histórica.

El GIEI halló registro de la actividad de los teléfonos móviles de cuando menos siete de los estudiantes hoy desaparecidos, varias horas e incluso días después del 26 y 27 de septiembre. Por ejemplo, uno de ellos hizo una llamada a la 1:26 de la madrugada del 27, con registro en la carretera Huitzuco-Tenango. En la versión oficial, para esa hora los estudiantes ya habrían sido asesinados y sus celulares destruidos.

Un elemento más que no fue investigado pese a la solicitud de familiares y del GIEI, es que desde el celular de Jorge Aníbal Cruz Mendoza se envió un mensaje de texto a su madre pidiéndole que le pusiera saldo. Ese teléfono siguió activo incluso meses después de los hechos de Iguala.

El informe del GIEI muestra que un presunto integrante de la organización criminal Guerreros unidos, identificado como El Caminante, y que hasta ahora las autoridades desconocen de quién se trata, habló en las horas críticas con al menos siete policías municipales ubicados en lugares claves, como Cocula e Iguala. Una circunstancia que sí se incluyó en el expediente de la PGR es que Jonhatan Osorio, uno de los detenidos inculpados por la presunta incineración de los cuerpos, hizo una llamada de su teléfono desde el basurero de Cocula, donde–de acuerdo con los expertos– no hay señal.

Diversos testimonios obtenidos por el GIEI arrojan la hipótesis de que los 43 estudiantes habrían sido separados y conducidos a lugares distintos. Varios testigos afirmaron que entre 10 y 14 de ellos fueron vistos en el patio de la comandancia de la policía municipal de Iguala, donde habrían pasado la noche del 26 al 27 de septiembre. Otros más indican que otro grupo fue llevado a Huitzuco. Se chingaron a un compañero y se los van a llevar a Huitzuco, que allá el patrón decidirá qué hacer con ellos, le habría dicho un policía a otro.

Los expertos enviados por la CIDH acreditaron actos de tortura contra al menos 17 de los detenidos por el caso, entre ellos los cinco presuntos integrantes de Guerreros unidos que aportaron declaraciones en torno a la incineración de los cuerpos de los 43 en el basurero de Cocula. De las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por esos tratos, 15 son de los 17 señalados por el GIEI.

Condenaron la descalificación mediática –con la que el gobierno federal fue complaciente– de su labor y agregaron que desde enero la PGR retrasó innecesariamente o rechazó las deligencias propuestas por el grupo. El informe hace una serie de recomendaciones que confiaron sean acatadas por el Estado mexicano.

Por estos hechos, agregaron, hubo 180 víctimas directas y 700 indirectas. Si bien se van tranquilos con el trabajo realizado, Francisco Cox reconoció: Nos vamos con el peor sabor por no haber cumplido con el principal objetivo: la ubicación de los normalistas desaparecidos.